Destacan dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) sobre el despido colectivo que reiteran la disparidad de criterios entre la doctrina Europea y nuestro Derecho español y que merecen especial mención en este artículo.
El contrato de trabajo es el documento donde se especifica el acuerdo entre empresario y trabajador y en el que quedan especificados los servicios que presta el empleado a cambio de una retribución que ofrece el empresario.
Las empresas se han encontrado con dificultades prácticas al intentar aplicar el contenido de la reforma de los conceptos computables en la base de cotización del Régimen General de la Seguridad Social, modificación esta efectuada mediante la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre, de Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Ello ha llevado a que, en respuesta a una de las consultas planteadas, la Tesorería General de la Seguridad Social precise ciertas cuestiones interpretativas sobre los conceptos cotizables.
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El Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de Medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, publicado en fecha 1 de marzo de 2014, introduce una importante novedad en materia de cotización empresarial, coloquialmente conocida como “tarifa plana”.
La novedad reside en la aprobación de una reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social, de la que se pueden beneficiar todas aquellas empresas que formalicen contratos de duración indefinida y mantengan el empleo neto durante tres años, siempre que se reúnan las condiciones exigidas en el antecitado cuerpo legal.
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La entrada en vigor del Real Decreto 16/2013, de 20 de diciembre, de Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, el pasado 22 de diciembre de 2013, introduce importantes modificaciones en materia de seguridad social y relaciones del trabajo.
Entre las novedades introducidas por dicho Real Decreto, destaca la obligación de cotización a la Seguridad Social por conceptos que hasta la fecha estaban exentos.
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